La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió un primer mensaje con la ratificación de la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez al frente de ese órgano, el cual quedó conformado, además por un primer y segundo vicepresidentes: Elías Rubén Bittar y Tania D’ Amelio, respectivamente.

De igual manera, las presidencias de las Salas las dirigirán Tania D’ Amelio (Constitucional); Jaime Jesús Báez (Político Administrativa); Caryslia Beatriz Rodríguez (Electoral); Emilio Antonio Ramos (Casación Civil); Carmen Marisela Castro (Casación Penal); y Elías Rubén Bittar (Casación Social).

Como parte del proceso, la Sala Plena del TSJ incorporó a ocho magistrados suplentes para ocupar las vacantes generadas por las jubilaciones recientemente aprobadas.

Precisó que todo ello en espera de la culminación del proceso que lleva actualmente el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (parlamento).

Paso en igual dirección, dio el Poder Legislativo al aprobar en primera discusión, por mayoría calificada, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Solo una fracción de la variopinta oposición legislativa votó contrario a la propuesta con argumentos que fueron repelidos por aliados y contrarios, cuyos motivos fueron presentados por el presidente del parlamento Jorge Rodríguez.

La propuesta de reforma parcial, va dirigida a modificar el artículo ocho de la mencionada normativa, con el objetivo de incrementar el número de magistrados del TSJ, que pasaría de 20 a 32.

Según el titular del legislativo, cinco Salas (Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) pasarán a tener cinco magistrados en vez de tres, mientras la Constitucional (una de las más importantes y estratégicas), tendrá siete en vez de cinco, para un total de 32.

Las modificaciones, en opinión de Rodríguez, favorecerán la celeridad judicial en el máximo tribunal, prevendrá el retardo de las decisiones y permitirá conformar un “ente más plural desde el punto de vista de su desempeño orgánico”.

El titular parlamentario comentó sobre el interés profundo de llegar a una “verdadera transformación del sistema de justicia”, tema expuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 30 de enero pasado en el inicio del año judicial.

De acuerdo con el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, la pretendida transformación no se trata de “cambios cosméticos” en algunos elementos del sistema de justicia, sino ir “en profundidad”.

Todo ello en beneficio de las personas corrientes, el pueblo, la gente de la calle, de los barrios, pueblos y ciudades, para que sientan “cada vez más cerca la administración de justicia en Venezuela”, aseguró.

Un representante de la fracción opositora Vamos Venezuela celebró la reforma y manifestó, en nombre de su grupo, tener “profunda fe y esperanza” en que verdaderamente “se está dando un cambio en el Estado de derecho y el sistema de justicia”.

En un proceso que comenzó el pasado 21 de abril, la comisión preliminar de diputados publicó la lista con los nombres y cédulas de identidad de los 65 ciudadanos preseleccionados, hombres y mujeres, para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales.

De ese total, solo 10 serán escogidos para formar parte de ese órgano, junto a los 11 integrantes de la mencionada comisión, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar después a los representantes del sistema de justicia.

Los preseleccionados fueron escogidos de una cantera 94 aspirantes acreditados, 43 de ellos postulados por la sociedad civil y 51 por iniciativa propia, tres más que los anunciados en el inicio.

Finalmente, una vez cumplidos los trámites de rigor, que incluyó entrevistas individuales, de los 65 preseleccionados, 30 fueron propuestos por sectores de la sociedad civil y 35 se postularon por iniciativa propia.

Un elemento no menor lo reconoció el presidente de la comisión preliminar, Giuseppe Alessandrello, al destacar la “solvencia ética” de esas personas, al no presentarse ninguna impugnación como recoge la ley.

Este proceso de transformación del sistema judicial ha estado precedido por otras iniciativas impulsadas por la gobernante encargada como la creación de una Programa para la Convivencia y la Paz, y la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que permitió la liberación plena de ocho mil 616 personas.

También, la creación por el parlamento de la Comisión Especial para el Seguimiento de esa Ley y la revocación del fiscal general y el defensor del pueblo.

Esta semana, el Gobierno bolivariano ratificó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -pese a no reconocer su jurisdicción- la posición histórica de defensa de la Guayana Esequiba, en la controversia territorial con Guyana, al insistir en el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esa pugna.

Guyana defiende ante la CIJ el Laudo Arbitral de París de 1899, que Venezuela considera “nulo e írrito”, y que el próximo lunes quedará expuesto ante los 15 jueces de la Corte en un cara a cara entre los dos países.

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