Raisa Hernández Guerra, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica (CIESCA) resaltó que la normativa impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele “está bien estructurada y contempla sanciones ejemplares”.

La directiva consideró que es importante este paso y que muy pocos países de la región disponen de un mecanismo de tal magnitud.

En declaraciones al Canal 10 de la televisión local, Hernández puntualizó que las condenas son ejemplares y pueden quedar inhabilitados durante un periodo largo de tiempo quienes incurran en hechos de corrupción.

La normativa establece que en el delito de peculado el implicado puede enfrentar condenas de cárcel desde seis hasta 15 años, si son probados los hechos y se sigue el debido proceso, algo que está ausente en el país, según críticos de la esa ley.

El pasado 7 de febrero, con 59 votos a favor de 60, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Ley Anticorrupción que establece un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los ese delito cometido en el ejercicio de la función pública.

Críticos de esta ley impulsada por el gobierno del partido Nuevas Ideas aseveran que el enfrentamiento a la corrupción, hasta ahora, sigue un rumbo selectivo que afecta, en especial, a funcionarios de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí (FMLN, izquierda).

Mientras, señalan, que poco se habla de probables casos de corrupción de funcionarios del gobierno de Bukele, pues hay acuerdos para mantener bajo candado las informaciones que pudieran destapar presuntas irregularidades.

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