“Ante las redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes y ante la ausencia de muchos a citas programadas en la búsqueda de tratamiento, el Colegio de Médicos ha convocado a sus miembros a defender el derecho a la salud”, estableció su presidente, el doctor Carlos Díaz Vélez, en rueda de prensa junto a representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

En Puerto Rico, donde hay una gran cantidad de dominicanos en situación irregular, se ha desatado un pánico por las redadas que realizan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en aquellas zonas donde hay concentración de inmigrantes, como Barrio Obrero, Villa Palmeras y Río Piedras, en la capital del país, además de municipios cercanos, tales Bayamón y Carolina.

El doctor Díaz Vélez afirmó que “los esfuerzos de esta alianza con la ACLU se dan en un clima de temor” ante la política antiinmigrantes establecida por el presidente estadounidense Donal J. Trump, que ha sembrado el pánico entre los migrantes y sus familias, “lo que produce una merma de actividades en las comunidades donde se concentran, visitas a oficinas médicas, laboratorios y farmacias”.

“Como siempre he dicho, todos somos pacientes, no hay distinción de nada, no nos divide ni lo político, ni lo económico, ni nada, ni la raza, ni lo religioso; aquí todos somos pacientes y es por lo que más velamos, y es por nuestro juramento de Hipócrates, que así lo determina; la vida es una y hay que defenderla no importa lo que sea”, manifestó el galeno.

El abogado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU Puerto Rico, expuso que los profesionales de la salud tienen “unas garantías (legales) para proteger la información médica y la información personal de sus pacientes”.

“El llamado inmediato a toda la comunidad, la comunidad médica y cualquier tipo de profesional es que ningún agente del orden público, ya sea de ICE o del FBI, tiene la autoridad de entrar en ningún establecimiento donde ustedes estén dando servicios médicos para requerir información de pacientes o requerir que identifiquen pacientes a menos que tengan una orden firmada por un juez”, afirmó Arraiza Navas.

Añadió que es importante fijarse en la fecha de esa orden y, en caso que sea una orden de registro, qué lugar específico, o qué tipo de expediente o de qué persona en particular está autorizando el juez a inspeccionar en la orden.

“La mayor parte de las intervenciones de ICE, del FBI, de la DEA y de todas las agencias del orden público que están colaborando se están presentando en los lugares sin órdenes judiciales. Estamos hablando de acciones totalmente inconstitucionales que están dirigidas y orientadas por un perfil racial, y eso es inconstitucional”, resumió el letrado.

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