El objetivo es evitar contaminar el proceso electoral, previsto para el año próximo.

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) acusó formalmente anoche a Bolsonaro y otras 33 personas por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

La Fiscalía señala que el exmilitar fue el líder de la organización que intentó derrocar la democracia en Brasil.

Según G1, para los miembros de la corte, no hay dudas sobre el papel central del exgobernante en la trama golpista.

La denuncia señala que Bolsonaro editó la versión final de un decreto violento, presionó a los militares para que se unieran a la conspiración e incluso sabía y acordó con el plan para matar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por envenenamiento.

El sitio noticioso indica que el núcleo político cercano a Bolsonaro evalúa que la estrategia es «estirar la cuerda», usando el proceso como una forma de movilización política y manteniendo el discurso de que él competirá por la presidencia en 2026, aunque no sea elegible.

La defensa del excapitán del Ejército mantendrá concentrados los esfuerzos en el intento de anular la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.

Cid reveló que hubo reuniones en las que se difundieron falsedades sobre las urnas electrónicas y se buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas para impedir que Lula asumiera el poder.

Para sostener la narrativa de una supuesta persecución política, Bolsonaro y sus aliados seguirán reforzando la tesis de que, aunque hubiera habido un intento de golpe exitoso, el político ultraderechista no se habría beneficiado.

El staff de abogados de Bolsonaro expresó «indignación y estupor» con la denuncia presentada por el PGR y alegó que su defendido nunca pactó con cualquier intento de romper el orden democrático en el país.

Si la denuncia es aceptada por el STF, el exjefe del Ejecutivo (2019-2022) se convertirá en acusado y pasará a responder a un proceso penal en la corte superior.

De ser así, el expresidente, quien enfrenta otras investigaciones penales y fue inhabilitado por la Justicia Electoral hasta 2030, podría enfrentar castigos de hasta casi 40 años de prisión.

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