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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Legislativo esperaba recibir este martes a autoridades del Gobierno, que no se presentaron, entre ellas la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
La denuncia fue hecha por el abogado y excandidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, quien acusó a Petronoboa de un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
En la sesión de la mesa legislativa, el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Leonardo Berrezueta, sostuvo que esa empresa fue constituida por Santiago Noboa, hermano del mandatario, el 11 de diciembre de 2023, tan solo 18 días después de que el gobernante asumiera el poder.
Para enero de 2024, según Berrezueta, Petronoboa aumentó su capital de dos mil dólares mediante la compra por más de dos millones de dólares de la gasolinera Rio Verde, ubicada en la vía El Triunfo – Guayaquil.
Aunque la compañía fue constituida con el objeto de comercializar al por menor, desde febrero de 2024 también distribuye combustible y, a su vez, trámites que normalmente demoran seis meses o un año le fueron aprobados en menos de 24 horas, señaló el legislador.
Según Berrezueta, Santiago Noboa, hermano del mandatario, renunció a la presidencia de Petronoboa a finales de marzo de 2024 y asumió Rosalía López, quien en mayo de ese año realizó un nuevo aumento de capital por más de un millón de dólares.
Granja, que compareció vía telemática, añadió que desde 2023 la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos limitó los cupos de compra de combustible a Petroecuador, sin embargo, Petronoboa mantuvo una facturación por cerca de cuatro millones de galones de diésel.
«¿Qué preferencia tiene para que el cupo automotriz sea mayor que otros?», cuestionó Granja.
Para Berrezueta, la serie de delitos alrededor de Petronoboa causaron un perjuicio al Estado de cuatro millones de dólares al vender combustible subsidiado a precio industrial, y espera que la Fiscalía, con la misma diligencia que procede en otros casos, actúe en esta ocasión.
Hasta ahora no existe un pronunciamiento por parte del Ejecutivo sobre este tema.
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