El juicio comenzará luego que el 7 de diciembre de 2022 Castillo fuera encarcelado, situación en la que permanece desde entonces, tras decretar la disolución del Parlamento y la intervención del sistema de justicia.

El decreto no se hizo efectivo por no apoyarlo las Fuerzas Armadas ni otros poderes, aunque sus detractores lo califican como golpista y autor de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Comparten el banquillo con el maestro rural, que solo duró en la presidencia poco más de 16 meses, quienes fueran su primera ministra Betssy Chávez, el consejero Aníbal Torres y el ministro del Interior Willy Huerta, imputados de coautoría de rebelión.

También son acusados por el mismo cargo, el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón, los tres de la Policía Nacional.

La Fiscalía pide para Castillo 34 años de prisión efectiva, mientras el exgobernante Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, no fue juzgado por este hecho, sino por dos matanzas y corrupción, delitos por los cuales solicitaron una condena de 25 años, aunque fue excarcelado tras cumplir 15 años de encierro.

La parte acusadora solicita además 25 años de cárcel para los demás acusados, salvo Torres, a quien le piden 15 años de prisión.

Sobre los cargos, los defensores del exgobernante argumentan que la rebelión solo se comete, según el código penal, con un alzamiento armado colectivo, lo cual no ocurrió, mientras la Fiscalía sostiene que Castillo dio a las Fuerzas Armadas la orden del golpe.

La exministra de la Mujer de la administración de Castillo durante algunos meses, Anahí Durand, convocó a concentrarse ante la cárcel reservada para exgobernantes, que el acusado comparte con el neoliberal Alejandro Toledo, ya condenado por corrupción.

Durand sostiene que lo hecho por Castillo no fue un golpe de Estado, pues no contó con el apoyo militar y policial indispensable para ello, sino una acción desesperada ante el asedio obstruccionista de la oposición política y mediática, afanada por destituirlo.

La activista de izquierda afirmó que, por el contrario, la actual mandataria Dina Boluarte conspiró contra Castillo junto al Congreso opositor y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Tras la acción, Boluarte asumió la presidencia del país, elegida por el Parlamento de mayoría contraria a Castillo, y desde entonces ejerce un gobierno de línea contraria al de su antecesor.

La sucesión dio pie a protestas sociales que dejaron un saldo de medio centenar de civiles muertos y la nueva presidenta registra desde entonces bajos índices de aprobación que, según una reciente encuesta privada, alcanza solo el cuatro por ciento de la población.

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