La reivindicación del controvertido personaje fallecido en septiembre de 2024 fue impulsada por la bancada de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, hija del exgobernante, y primera fuerza del Legislativo, y aprobada por un bloque de fuerzas aliadas con los votos de menos de la mitad de los 130 congresistas.
La medida fue aprobada en una segunda votación, con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones y dejó sin efecto la ley que en 2001 suprimió la firma del texto constitucional.
Políticos de izquierda y centro expresaron su discrepancia con la decisión de quien gobernó desde 1990 hasta 2001, cuando escapó y envió desde el exterior su renuncia y posteriormente fue extraditado de Chile y condenado a 25 años de prisión.
La parlamentaria progresista Ruth Luque cuestionó que la mayoría congresal aprobara la ley a favor de quien califica de dictador condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos, en lugar de reponer la norma que autoriza la detención preliminar de investigados por crímenes graves que afectan la seguridad ciudadana.
Similar opinión expresó la legisladora de centro Flor Pablo, quien planteó que a la población no le interesa la medida tomada y está más preocupada por el alto nivel de inseguridad reinante.
La exministra de la Mujer Anahí Durand, dirigente del partido Adelante Pueblo Unido, comentó “que disfruten mientras les dure la firma de su Fujimori, el pueblo está decidido a escribir una nueva Constitución producto de una Asamblea Constituyente popular y plurinacional que represente los intereses de la nación y no de los mafiosos”.
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