La decisión fue tomada anoche por el Parlamento por una amplia mayoría, casi tres meses después de que fuera dictada por el Legislativo invocando excesos en las detenciones preventivas y limitando la medida solo a casos de flagrancia.

El pleno legislativo cedió así a las críticas del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, las asociaciones de jueces y fiscales, la mayoría de los medios de prensa y las organizaciones sindicales y empresariales, contra la norma aprobada enn diciembre pasado.

Las críticas señalaron que la norma, que limitaba la aplicación de la detención preliminar a los casos de flagrancia, favorecía al crimen organizado y a la corrupción, en los cuales la flagrancia es cai inexistente, e hicieron notar que hay decenas de congresistas investigados por presunta corrupción.

Ante la avalancha de cuestionamientos, el Congreso aprobó una ley que eliminó el requisito de flagrancia y la envió para que la ponga en vigencia el Ejecutivo que, a unto de vebcerse el plazo de un mes para hacerlo, optó por presentar observaciones al texto.

Los críticos de la reforma original cuestionaron al Ejecutivo por presentar sus acotaciones cuando el Legislativo estaba por iniciar su receso de verano y a este por no convocar a una legisladura extraordinaria para zanjar el astunto.

En el interín, cientos de presunts autores de delitos, incluidas bandas de secuestradores y extorsionadores, fueron liberados o se beneficiaron de la medida.

La detención preliminar puede durar hasta 15 días, mientras las investigaciones buscan los investigan para reunir más evidencias que permitan pedir al juez una prisión preventiva por hasta 180 días.

El de la virtual eliminación de la detención preliminar fue uno de 60 cambios aprobados por el Congreso, entre los cuales, según opiniones jurídicas, hay reformas que favorecen a la delincuencia organizada.

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