De inmediato, la gobernante, presidenta del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), movió sus hilos por lo que la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington, Gabriella Boffelli, negó de forma categórica la existencia del documento firmado por Trump destinado a declarar la independencia de esta isla del Caribe.

Según el diario sensacionalista británico, la orden ejecutiva establece que los puertorriqueños tendrían la ciudadanía estadounidense por nacimiento hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concederían 36 mil millones de dólares anuales por 20 años para la transición de Puerto Rico de colonia de Estados Unidos a una nación independiente.

Hace apenas una semana unos 200 funcionarios del gobierno isleño, encabezados por la gobernante González y el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, y miembros del PNP estuvieron en la capital estadounidense para “reclamar la estatidad (anexión)” en el Congreso, lo que no tuvo mayor trascendencia.

El actual comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, del tradicional Partido Popular Democrático (PPD), igualmente rechazó la nota periodística.

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, se reiteró en que el proceso de descolonización de Puerto Rico debe ser, como todo proceso de autodeterminación, uno democrático con la participación del pueblo.

“Me reafirmo en una Asamblea de Estatus, con un diálogo bilateral con el Congreso y el Ejecutivo estadounidense, para conocer viabilidad y transición de las fórmulas no coloniales ni territoriales”, dijo Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación isleña por la Alianza de País, integrada por el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que desplazó al PPD a la tercera posición.

Puerto Rico fue invadido por el ejército de Estados Unidos en 1898, en el marco de la Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana, y en 1917 a sus nacionales se le impuso la ciudadanía de la nación norteña para que sirvieran en sus fuerzas armadas en medio de la Primera Guerra Mundial.

En 1952 se estableció el Estado Libre Asociado (ELA), como una forma de evadir la responsabilidad de rendir informe anual ante las Naciones Unidas, pero en 2016 Washington admitió que Puerto Rico seguía siendo su colonia, por lo que le impuso una Junta de Supervisión Fiscal ante la bancarrota de su gobierno.

La administración de Trump, desde su anterior mandato, ha mostrado su rechazo a Puerto Rico, al punto de proponer en 2020 intercambiarlo por Groenlandia.

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