La transacción resuelve la demanda presentada contra Meta Platforms por el Departamento de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, el 19 de diciembre de 2024, mediante la cual la Oficina de Asuntos Monopolísticos argumentó que Meta diseñó Instagram y Facebook para generar adicción en los menores de edad, y que engañó al público sobre los daños a la salud mental que sus plataformas causan.
Mediante el acuerdo, Puerto Rico recibirá 124,7 millones de dólares garantizados, pagaderos en diez plazos, con la posibilidad de recibir otros 53,7 millones, condicionados a que TikTok, YouTube y Snap adopten protecciones equivalentes.
Al menos la mitad de los fondos se destinará a remediar los daños causados a la niñez y la juventud puertorriqueña, se dijo, en coordinación con el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y el Departamento de Educación.
Aparte del componente económico, el acuerdo obliga a Meta a transformar la experiencia de los menores en sus plataformas, por lo que un auditor independiente verificará su cumplimiento durante cinco años.
Particularmente, se implementará un nuevo sistema de verificación de edad para identificar a usuarios adolescentes y menores de 13 años, con metas de precisión verificables.
También habrá un límite de dos horas diarias de uso de contenido en todas las plataformas de Meta, que se reduce a una hora por plataforma si el resto de la industria adopta los mismos términos.
Se impondrán pausas obligatorias tras 15 minutos de uso continuo y a los 60 y 90 minutos de uso acumulado, así como restricciones de acceso nocturno y un modo escolar que bloquea las notificaciones durante el horario de clases.
Además, la opción de un “feed” no personalizado por algoritmo y sin reproducción automática, y la detección de cuentas secundarias, protecciones contra la comparación social —incluyendo filtros que simulan procedimientos cosméticos—, mayor seguridad de contenido y menor exposición a personas y experiencias dañinas, al igual que herramientas ampliadas de supervisión parental.
“Este es un hito judicial para Puerto Rico; nuestra demanda alegó que aproximadamente el 76 por ciento de los niños y niñas de Puerto Rico usan Instagram y que más de dos millones de residentes utilizan una plataforma de Meta”, expresó la secretaria Gómez Torres.
Indicó que “si bien existe una responsabilidad individual, lo cierto es que el uso desmedido de estas plataformas responde a prácticas de negocios diseñadas para generar beneficio económico, aun cuando sea en detrimento de la salud mental y el desarrollo cognitivo de los usuarios”.
“Por ello, existe un interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico de proteger a nuestra población; en especial a los menores de edad, quienes son más vulnerables”, añadió.
Gómez Torres aclaró que “Puerto Rico no fue un espectador en este esfuerzo, presentamos nuestra propia demanda, con nuestra propia teoría legal, y la defendimos hasta el final”.
Meta no admite responsabilidad, mientras el Departamento de Justicia continúa evaluando las prácticas de otras plataformas de redes sociales en relación con los menores de Puerto Rico.
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