Tal determinación es del ministro Jorge Oliveira, relator del caso en el TCU, y señala que no hay norma legal específica sobre el tema. La definición fue publicada en un documento público el 19 de febrero.

La ausencia de norma legal específica “descarta la posibilidad de expedición de determinación amplia y generalizada por esta corte, para la incorporación al patrimonio público de regalos eventualmente recibidos por los presidentes de la República”, precisó Oliveira.

Especialmente, señaló, ante la ausencia de caracterización precisa del concepto de «bien de naturaleza personalísima», así como un valor objetivo que puede encuadrar el producto como de «alto valor de mercado».

También el ponente afirmó que «no es posible imponer obligación de incorporación al patrimonio público en relación con el bien objeto de la representación».

Insistió en que no es procedente el argumento de que hay norma positiva que permite crear obligación, a los presidentes y vice, la incorporación al patrimonio público de bienes y regalos recibidos en ceremonias oficiales.

De acuerdo con la determinación del TCU, las joyas que el exmandatario Jair Bolsonaro recibió en su viaje a Arabia Saudita y un reloj que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió en 2005, del entonces gobernante de Francia, Jacques Chirac, así como otros accesorios, no son patrimonio público.

La nota del TCU sugirió que esta gestión de bienes se mejore en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo.

«Recomendar al gabinete personal del presidente de la República que, en adelante, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la recepción del bien, que sea catalogado con identificación de marca, modelo, características, destino, público o particular, que se dé publicidad en el Portal de la Transparencia», indicó.

Bolsonaro fue acusado por la Policía Federal en una investigación que determinó la recepción de alhajas de Arabia Saudita y venta en Estados Unidos. En total, 12 personas fueron acusadas de crímenes.

El político ultraderechista fue acusado de asociación delictiva, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. En ese momento, el TCU determinó que las prendas fueran entregadas a la Unión mientras el proceso avanzaba.

Actualmente, el caso está en espera del dictamen de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) que podría presentar una denuncia, solicitar nuevas diligencias o archivar el expediente.

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