El proceso comenzó anoche y los uniformados vinculados al caso fueron trasladados de la cárcel de Latacunga, donde están detenidos, hasta la urbe guayaquileña para que explicaran su versión de lo ocurrido el 8 de diciembre de 2024.

Ese día, los menores Josué e Ismael Arroyo (de 14 y 15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron detenidos por dos patrullas militares en la avenida 25 de julio y allí inició en la noche de este domingo la reconstrucción de lo sucedido.

Familiares de las víctimas y abogados estuvieron presentes en la diligencia que se extendió hasta la mañana de este lunes en la zona rural de Taura, en el cantón Naranjal, donde fueron hallados incinerados los cuatro cadáveres el 24 de diciembre de 2024.

La reconstrucción de los hechos incluyó toda la ruta que hicieron los vehículos con militares y los niños detenidos.

Según lo explicado en la teatralización, las patrullas encontraron un árbol caído que obstaculizaba el camino y los cuatro chicos ayudaron a moverlo.

El abogado Abraham Aguirre, representante de las familias de las víctimas citado por el portal Primicias, señaló que en ese punto los militares procesados por la desaparición forzada de los menores los habrían abandonado «golpeados y desnudos».

De acuerdo con versiones recogidas en el proceso, luego los menores habrían sido secuestrados y asesinados por grupos de delincuencia organizada.

En febrero pasado, la Corte Provincial de Justicia de Guayas ratificó la prisión preventiva de los 16 militares procesados por la desaparición forzada de los cuatro niños, pero para el 21 de marzo está prevista una nueva audiencia de revisión de la medida.

Este caso ha puesto en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de los militares en el contexto del estado de excepción y declaratorio de conflicto armado interno.

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