El aviso lo emitió anoche el Ministerio para Relaciones Exteriores en un comunicado, el cual indicó que en los últimos meses se observó “un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos”.

Mencionó la documentación de casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses.

Incluye también “encarcelamientos sin debido proceso y secuestros en cárceles de terceros países, violando claramente los derechos humanos”.

La Cancillería recomendó a quienes residen o transitan por Estados Unidos “extremar precauciones debido al incremento de incidentes violentos y a la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales”, que podrían comprometer su seguridad y bienestar.

El Gobierno de la República Bolivariana reafirmó su compromiso con la protección de las y los venezolanos migrantes y continuará denunciando cualquier violación a sus derechos.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional, expresó la nota oficial.

El designado para los Diálogos de Paz por Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó ayer como una muestra de infamia, arbitrariedad y barbarie, el secuestro de los connacionales que fueron enviados por el Gobierno de Estados Unidos a El Salvador, lo cual valoró como un “crimen de lesa humanidad».

Comentó que la proclama estadounidense, en base a Ley del Enemigo Extranjero de 1798, solo puede ser comparada con las leyes de Núremberg de la Alemania nazi, y constituye una “acción absolutamente ilegal” que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En rueda de prensa el alto funcionario bolivariano denunció que con la implementación de esa Ley los migrantes venezolanos son detenidos, segregados y trasladados a otros países.

Declaró asimismo que los niños están siendo secuestrados salvajemente sin que medien los derechos establecidos por las Naciones Unidas para los infantes, a quienes “les arrebatan sus celulares, son sacados de las escuelas, de las iglesias y los sitios públicos” sin conocerse a donde son llevados.

Rodríguez remarcó que harán todo lo que esté en manos del Estado y el Gobierno, de la diplomacia y recurrirán a todas las relaciones bilaterales, a las estrategias legales jurídicas para que “sean devueltos a sus casa, a sus familias y a su patria, en resguardo de sus derechos como hombres y mujeres de bien”.

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