Según el sondeo de la empresa Datum, realizado para el tradicional diario El Comercio, 52 por ciento atribuye esa culpa a la mandataria, seguida por el Parlamento -que mantiene un acuerdo tácito de coexistencia con el Gobierno-, con 47 por ciento.

Detrás se ubican, con 28 por ciento, los jueces y fiscales, acusados con frecuencia por el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria conservadora de dejar libres a los delincuentes, y la Policía Nacional, con solo nuve por ciento.

Por otra parte, 80 por ciento respondieron que el Gobierno carece de una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana que, según todas las encuestas, es considerado por la población el principal problema del país.

La encuesta indica que 89 por ciento de los consultados desconfían de los fiscales y jueces, 70 por ciento de la Policía Nacional y 57 por ciento del Serenazgo (servicio municipal de vigilancia y seguridad pública).

La única institución con más confianza es las Fuerzas Armadas, que inspira más confianza (49 por ciento), que desconfianza (47 por ciento).

A diario se registran asesinatos por sicariato, y cifras oficiales consignan 640 muertes por causas violentas en lo que va del año y hasta el 17 de abril; un promedio diario de ocho occisos.

Además, 86 por ciento declaran que se sienten inseguros en las calles y solo 13 por ciento declaran que se sienten seguros

Los resultados del sondeo señalan que 62 por ciento opinan que el impopular Congreso de la República ha aprobado leyes sobre seguridad y justicia que han favorecido a la delincuencia, como la eliminación de la detención preliminar, limitada solo a casos de flagrancia, norma que tuvo que ser revertida.

Para 71 por ciento, la inseguridad creció respecto a hace un año; 48 por ciento evitan salir de casa y caminar por su barrio; 42 por ciento declaran que algún miembro de su familia ha sido víctima de delitos, lo cual en Lima se eleva a 50 por ciento, y 47 por ciento conocen a alguna víctima del generalizado delito de extorsión.

Lima vive bajo estado de emergencia con suspensión de garantías ciudadanas y despliegue de las Fuerzas Armadas, medida que no cambiará la inseguridad, según 54 por ciento de los encuestados por Datum, mientras 41 por ciento señalan que la situación seguirá igual.

La gravedad de la situación se expresa en la encuesta en más de un tercio, 36 por ciento de los interrogados que dijeron que consideran la posibilidad de emigrar a otro país ante el agobio de la criminalidad.

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