Añadió la fuente que los cargos contra Palmera, conocido como Simón Trinidad, son conductas a las cuales se puede aplicar la amnistía de iure al tratarse de delitos políticos o conexos al delito político, según lo indicado en la Ley 1820 de 2016 y en la Ley Estatutaria de la JEP, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz.

El exmiembro de las FARC-EP lleva 20 años encarcelado en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 31 de diciembre de 2004 y condenado a 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos de ese país en febrero de 2003.

Para que tengan efecto las amnistías en los procesos mencionados, el compareciente debe firmar un acta de compromiso de dejación de armas, según lo estipulado en el artículo 7 del Decreto Ley 277 de 2017.

Por ello, la Secretaría Ejecutiva de la JEP deberá realizar los trámites necesarios a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la firma de este compromiso.

Con respecto a la libertad del prisionero, apuntó el comunicado que la resolución emitida no tiene facultades para modificar su estatus actual en la justicia estadounidense.

Sin embargo, aclaró, sí deja sin efecto las órdenes de captura que existan en su contra por esos procesos como garantía en caso de que llegase a regresar al país.

Organizaciones sociales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, han pedido a la Cancillería de Colombia tramitar una solicitud de repatriación de Simón Trinidad ante las instituciones competentes en Estados Unidos.

Alegan que la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP aceptó el sometimiento Simón Trinidad, decisión judicial que le obliga a comparecer ante ese tribunal.

El presidente del partido Comunes y exlíder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, insiste en que su participación activa y presencial ante el órgano de justicia transicional beneficiará el acceso de las víctimas a la verdad, favorecerá el proceso judicial y honrará el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

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