De acuerdo con el Ejecutivo, la legislación confunde los términos “industrialización” y “renta”, y, además, el proyecto no habría sido sustentado con estudios técnicos, económicos y legales.

El Gobierno consideró que la Asamblea ignoró un dictamen de la Corte Constitucional sobre la necesidad de “observar el principio de sostenibilidad fiscal”.

De esa forma, Noboa no dio paso a la normativa que permitiría a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena recibir un dólar por cada barril de petróleo industrializado, el 10 por ciento para parroquias, el 50 por ciento para municipios y el 40 por ciento para la prefectura.

La Presidencia afirmó que al destinar un dólar por barril de petróleo industrializado a tres provincias, la Asamblea ignoró que la refinación es un costo (no una fuente de renta) y omitió calcular cómo ese egreso de 53 millones de dólares anuales debilitaría el Presupuesto Nacional.

En un comunicado, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), de oposición, expresó “profunda indignación” ante el veto, que consideraron un “error político” y una “traición a la dignidad de miles de ecuatorianos ”.

“Mientras Esmeraldas ha enfrentado desastres como derrames petroleros y sismos, Noboa ha preferido viajar a Disney y al Vaticano, ignorando el clamor de su propio pueblo”, afirmó el bloque.

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