La crisis del transporte pudiera decirse que comenzó el 26 de abril al colapsar montañas de tierra y rocas que taparon los carriles en ambos sentido en el viaducto de Los Chorros, en la carretera Panamericana, una zona peligrosa por la que transitan miles de vehículos a diario.
Eso obligó a pobladores que residen hacia el occidente a tomar rutas alternas en algunos casos con demoras de hasta cuatro horas para llegar a la capital a trabajos, estudios u otras actividades.
En igual situación se encuentra el transporte de carga con mercancías y productos procedentes de occidente y de Guatemala para los mercados en la capital, lo que encareció precios.
Una orden del presidente Nayib Bukele de que el transporte público en todo el país sería gratis a partir del 5 y hasta el 11 de mayo provocó desacuerdos que llevaron a algunos empresarios y transportistas a suspender el servicio.
Sin embargo, y luego de aclarar que el gobierno canceló el pago de 12 millones de dólares, el transporte comenzó a animarse aunque se produjeron al menos 11 arrestos de empresarios por incumplimiento.
¿Cómo lo afecta a ustedes los motoristas la gratuidad decretada por el gobierno?, preguntó Prensa Latina a un chofer de la ruta 101 B que va desde el centro de San Salvador hasta Santa Tecla, en el departamento de la Libertad Sur.
“A nosotros no nos afecta en nada, pues nuestro servicio se cancela a diario luego de lo dispuesto por el gobierno pero, este país se esta poniendo malo”, dijo el chofer que pidió el anonimato.
La crisis observada en los primeros días de la semana comenzó a disminuir y ya este miércoles había fluidez aunque se observa una no habitual presencia de policías, militares y funcionarios gubernamentales cuidando que se cumpla el acuerdo en paradas de buses y terminales.
Muchos esperan que esta crisis a parte de llevar a un segundo plano el caso del salvadoreño Kilmar Álbrego García y los problemas económicos, no se prolongue a la próxima semana cuando el ministro de Obras Pública, Romeo Rodríguez, fijo la apertura del viaducto de Los Chorros.
En el caso de las pandillas, comentaristas opinan que es un asunto molesto para el gobierno que un informe publicado en varias partes y resultado de una investigación de El Faro, una publicación contraía al gobierno, muestre presuntos pactos de funcionarios con líderes de las llamadas maras.
Al respecto, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo que “la entrevista vierte información que teníamos previamente por otras fuentes. Quiero mencionar un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando funcionarios del gobierno salvadoreño habían ayudado a escapar a (Élmer) Canales Rivera”.
“Yo insisto, puntualizó, en la propuesta que se hizo en 2023 de hacer una comisión especial de investigación porque los hechos que están en esta entrevista son sumamente graves», aseveró.
Ortiz, citada por el diario El Mundo, exigió «justicia para las víctimas de las pandillas, justicia para las víctimas del Estado y justicia para los que son responsables de estos hechos».
En general, en las últimas semanas voces críticas al gobierno de Bukele sostienen que son frecuentes “cortinas de humo” para tapar acciones que rayan en la ilegalidad y la violación de la Constitución del país.
ro/lb
