Se trata de “una gran amenaza” para las economías, los consumidores y las cadenas de suministro, señaló el organismo, al presentar este miércoles un cuarto informe sobre el tema, elaborado de conjunto con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Al decir de la fuente, el estudio proporciona una imagen detallada del fenómeno global y ofrece orientación práctica para que los responsables políticos protejan a los consumidores, apoyen a las empresas legales y defiendan la integridad del comercio internacional.
La ropa, el calzado y los artículos de cuero continúan siendo los sectores más afectados por las adulteraciones, como demuestran las acciones de enfrentamiento: el 62 por ciento de las mercancías incautadas corresponde a dichos renglones, reveló el documento.
De acuerdo con el análisis, los negocios de esta naturaleza se están expandiendo “a casi todos los aspectos de la vida cotidiana”; saber, piezas de automóviles, medicamentos, cosméticos, juguetes y alimentos.
“El comercio ilícito amenaza la seguridad pública, socava los derechos de propiedad intelectual y obstaculiza el crecimiento económico, y los riesgos podrían aumentar a medida que los falsificadores aprovechen las nuevas tecnologías y técnicas para evitar ser detectados”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, citado en el texto.
Buena parte de los cargamentos por vía marítima contienen piezas o embalajes sin ensamblar para armar los productos más cerca de los mercados finales, lo que dificulta la detección de las operaciones ilícitas, apuntó el reporte.
Al mismo tiempo, los negociantes emplean canales de distribución que ofrecen más rapidez, comodidad y menor riesgo de inspección, entre ellos, los correos postales.
El estudio instó a elevar la vigilancia y la coordinación de respuestas, incluido el intercambio de información en tiempo real entre aduanas, policía, unidades de inteligencia financiera y autoridades de vigilancia del mercado.
Una cooperación más estrecha y el intercambio de buenas prácticas entre intermediarios comerciales, servicios postales y de envío, zonas francas y empresas de logística son esenciales para prevenir el uso indebido de sus redes, razonó la OCDE.
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