En declaraciones a Prensa Latina, el también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida afirmó que el arresto la víspera de manera arbitraria del coordinador de ese grupo, Yamir Córdoba, intenta amedrentar al sindicato, como parte de la persecución y represión policial, política que impulsa el presidente-dictador, José Raúl Mulino, indicó.

A pesar de esas y otras medidas ilegales, como el cierre de nuestras cuentas bancarias y robo de los fondos, la huelga declarada hace más de una semana continúa hasta derogar la llamada Ley 462, sobre reformas a la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

Esa postura es respaldada por diversos sectores sociales, entre los que sobresalen los estudiantes, profesores y directivos de la Universidad de Panamá, quienes la víspera inundaron las arterias de esta capital hasta llegar a la sede de la Administración del Canal y exigir respeto a su autonomía y a la soberanía nacional.

El personal del único centro público de estudios superiores, en voz de su rector, Eduardo Flores, demandó anular el memorando de entendimiento suscrito por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que pone en riesgo la integridad territorial del país istmeño.

A las medidas de presión se han ido sumando otros sectores sociales como los docentes, enfermeras, médicos, farmacéuticos y pueblos indígenas, trascendió.

Las protestas, también condenan la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre en Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre de 2023, que catalogó inconstitucional el contrato suscrito por el Estado y ordenó el cierre de sus operaciones.

Las manifestaciones además llaman a defender la soberanía, debido a la postura genuflexa del Gobierno frente a pretensiones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de apoderarse de la vía interoceánica y establecer bases militares.

Las movilizaciones se oponen además a la construcción de un reservorio de agua dulce, un embalse en rio Indio, para beneficiar los tránsitos por la vía interoceánica, pese al rechazo de las comunidades originarias de esa zona.

Uno de los reclamos de las agrupaciones sociales señala la instalación urgente de una mesa técnica con representación real de los trabajadores y profesionales de salud, para construir una verdadera reforma participativa y sostenible del sistema de pensiones y por una jubilación digna.

Méndez indicó que en lo jurídico también se hacen sentir, al presentar una querella contra la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, por apropiarse de los fondos provenientes de las cuotas sindicales e intentar prohibir el derecho a huelga de la clase obrera.

“El pueblo resiste, avanza y no tenemos dudas que va a triunfar”, remarcó el excandidato presidencial en 2019.

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