El juicio, que se desarrolla en el plenario virtual de la corte, formato en el que no hay debates entre los ministros y solo emiten sus votos electrónicamente, se extiende hasta el pirata cibernético Walter Delgatti.

Tal análisis del caso, en el cual funge como relator el ministro Alexandre de Moraes, continuará hasta el 16 de mayo.

En el proceso también votan los magistrados Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino y Cármen Lúcia Antunes.

Zambelli y Delgatti se convirtieron en acusados en mayo de 2024, luego que la primera sala de tribunal superior aceptara la denuncia presentada por la Fiscalía General.

A ambos se les imputan los delitos de piratería informática y falsedad ideológica.

De acuerdo con la investigación, están acusados de insertar documentos falsos en el sistema del CNJ, incluida una orden de prisión contra De Moraes.

Según la denuncia, la parlementaria tuvo un «papel central» en la acción criminal y es señalada como la «autora intelectual» del ciberataque.

La Fiscalía General afirma que Zambelli reclutó a Delgatti, prometiéndole beneficios a cambio de invadir y manipular datos del sistema del CNJ.

Para el fiscal general Paulo Gonet, el objetivo era «crear un ambiente de desmoralización de la Justicia brasileña, para obtener ventaja política, proponiendo, desde el principio, la invasión de un dispositivo informático, participando activamente en la producción de un orden judicial ideológicamente falso».

En la denuncia, Gonet destacó que el propio Delgatti confesó las invasiones, las cuales también quedaron demostradas mediante análisis periciales.

Uno de los allanamientos resultó en la emisión de una orden de arresto falsa contra De Moraes, como si él mismo hubiera ordenado su propia detención.

La querella precisa que Zambelli contrató los servicios de Delgatti y le prometió trabajo.

El Ministerio Público Federal cita un informe de la Policía Federal que confirmó que el hacker «trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a información a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria».

La acusación asegura que el pago fue oculto, es decir, escondido, en un intento de encubrir la relación, y realizado a través de un tercero: Jean Hernani, un empleado de la oficina de Zambelli, el cual no fue acusado en el caso.

El proceso podría resultar en la condena o absolución de la legisladora y del pirata informático.

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