La abogada Sonia Vera, del equipo legal de Glas, reveló este martes que lo incluyeron en el caso de Villavicencio “violando su derecho a la presunción de inocencia y usando el poder penal como herramienta de persecución política”.

Para Vera, ligar al ex vicegobernante, detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, es víctima de “otra infamia”, porque “no hay hechos, no hay motivación, no hay legalidad”.

Explicó que eso viola el principio de legalidad penal, el deber de objetividad de la Fiscalía y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La jurista recordó que Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa, fue secuestrado tras recibir asilo diplomático, “está aislado, enfermo y ahora nuevamente lo acusan sin fundamentos”.

“Es lawfare puro y sistemático. La comunidad internacional no puede mirar a otro lado. La justicia en Ecuador ha sido tomada por el poder político”, subrayó Vera.

Medios locales divulgaron que, además de Glas, la Fiscalía vinculó con el crimen a Villavicencio a otras figuras relacionadas como la Revolución Ciudadana, entre ellas el exministro del Interior José Serrano.

Ese hecho conmocionó al país a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023 y recientemente la viuda del político, Verónica Sarauz, denunció que la fiscal general, Diana Salazar, la presionó para acusar al correísmo del asesinato.

En tanto, Glas, que es considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o lawfare en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, la medida fue revocada.

A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha reiterado en varias ocasiones la negativa a entregarle el salvoconducto, pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.

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