En un comunicado, la Fiscalía pidió que Interpol emita una alerta roja internacional para proceder al arresto del general en condición de retiro, prófugo de la justicia y uno de los artífices de la asonada militar del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya.

El otrora jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) es acusado del delito de asesinato en perjuicio de Isy Obed y de tentativa de asesinato en contra de Alex Zavala, durante la participación de ambos jóvenes en una protesta pacífica en rechazo a esa usurpación ilegal y violenta del poder.

Obed falleció el 5 de julio de 2009, luego de recibir un disparo en la cabeza en una manifestación mientras Zelaya intentaba regresar al país por vía aérea, lo que impidieron las FFAA cruzando camiones en la pista del aeropuerto internacional de Toncontín, de Tegucigalpa.

Por este caso, también son imputados los generales retirados Venancio Cervantes y Carlos Puerto.

Estos últimos regresaron a prisión tras presentarse de manera voluntaria ante la justicia, pero el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto sigue fugitivo.

Vásquez fue beneficiado inicialmente con arresto domiciliario mientras se desarrollaban las investigaciones en su contra, pero un juez revocó esa medida, lo que facilitó su huida.

En recientes publicaciones en sus redes sociales, el exjerarca militar afirmó encontrarse escondido en zonas montañosas de esta nación centroamericana y desafió públicamente a las autoridades policiales para que fueran a capturarlo.

Los tres militares retirados fueron apresados el pasado 5 de enero, acusados de asesinato en perjuicio de Obed y asesinato en su grado de ejecución de tentativa de Zavala.

Las investigaciones sobre esos hechos determinaron que las acciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, pues dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.

Originalmente, los tres generales tenían la medida de arresto domiciliario, pero una resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó ese beneficio y ordenó la prisión preventiva el 3 de marzo.

Para el 12 de marzo, Puerto y Cervantes acataron el requerimiento judicial y se presentaron ante los juzgados para retornar a prisión.

Sin embargo, Romeo Vásquez no se presentó y las autoridades lo declararon prófugo de la justicia hondureña.

La Policía Nacional de Honduras ofrece una recompensa de unos 135 mil dólares para quien brinde información de su paradero.

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