La misiva, difundida por el diario El Comercio, fue entregada al Nuncio Apostólico (embajador papal) y denuncia que el Congreso aprobó las citadas normativas legales y el Gobierno las puso en vigencia.

Sostiene que las muertes de sus deudos “fueron ocasionadas por armas de fuego disparadas por miembros del Ejército y la Policía, bajo el mando de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros”.

Una tercera denuncia constitucional fue presentada en los últimos días contra la mandataria, exmilitares y exaltos funcionarios de su administración, por las consecuencias de la represión durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022 contra el ascenso de Boluarte al cargo, por sucesión constitucional.

“Desde que ocurrieron estos hechos nuestra vida cambió y se ha tornado a la fecha en un martirio permanente debido a que el Estado nos lastimó y aun viene haciéndolo hasta la fecha”, dice la carta a León XIV, quien este domingo ofreció la misa de inicio de su papado.

El texto añade que el Estado peruano, “en vez de garantizarnos justicia, ha realizado actos que nos afectan como víctimas de violación grave a los derechos Humanos”. El presidente de la Organización Nacional de los Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022 y 2023, Marco Samillán, declaró que la misiva al papa fue entregada a la Nunciatura Apostólica, el pasado 15 de mayo.

Acotó que las familias afectadas esperan que el pontífice pueda “interceder por nosotros ante las autoridades judiciales, autoridades de las instituciones autónomas y poderes del Estado peruano para alcanzar justicia” para las víctimas. El dirigente es hermano del médico Marco Samillán, ultimado cuando atendía a manifestantes heridos en la ciudad surandina de Puno, epicentro de aquellas manifestaciones.

La carta menciona entre las decisiones judiciales y leyes aprobadas, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

También la ley, aprobada por el Parlamento con la anuencia del Gobierno, que extingue los procesos por crímenes de Estado cometidos por militares y policías durante el conflicto interno (1990-2000), pese a que compromisos internacionales firmados por el Estado peruano los declararon imprescriptibles.

Los familiares de los caídos impugnan además una nueva legislación sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), que prohíbe a estas seguir brindando defensa legal gratuita a víctimas de crímenes contra los derechos humanos.

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