Según explicó el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, en su cuenta en la red social, el organismo pidió al Ejecutivo información sobre la detenciones arbitrarias durante la manifestaciones.
En una carta suscrita por Karen Curtis, jefa de Servicio de Libertad Sindical de la OIT, se señala además que en respuesta a una intervención urgente en el asunto, solicitaron detalles además de la criminalización de los manifestantes, procesos legales amañados, abuso policial contra trabajadores y la retención ilegal de fondos de las organizaciones sindical.
En la jornada obreros de la construcción de Panamá decidieron en Asamblea General mantener una huelga indefinida contra la norma, mientras nuevos sectores se incorporan a las protestas.
De acuerdo con el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, los obreros exigen además la liberación de uno de los líderes del gremio, Jaime Caballero, apresado y enjuiciado por presunto lavado de capitales, en medio de un amañado juicio político y persecución de dirigentes.
Desde el pasado 23 de abril, convocada por los docentes, varios sectores, entre ellos productores de plátano en Bocas del Toro, cierran vías y respaldan otras medidas de presión.
Lo hacen para exigir al Gobierno que derogue la norma que permite el robo de los recursos de la CSS y privatiza sus servicios, aunque el Ejecutivo insista en sus beneficios, mientras aumenta la represión policial de las protestas en todo el istmo.
También las autoridades tradicionales de Guna Yala y líderes comunitarios de la comarca Ngabe Bugle hicieron un llamado al pueblo originario a mantenerse unido y respaldar la lucha nacional contra las políticas gubernamentales que consideran perjudiciales.
Los indígenas rechazan además de la Ley 462, el acuerdo suscrito con Estados Unidos que permite la presencia de tropas en el país y la intención de reabrir la mina de cobre de Donoso ( Colón) pese a una fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que ordenó el cierre de las operaciones.
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