De acuerdo con esa entidad, la propuesta pide incluir en el Código Penal un nuevo delito ambiental para sancionar con penas de prisión y multas ejemplarizantes a quienes promuevan o faciliten el uso ilegal del metal pesado en la explotación aurífera, práctica que atenta contra el medio ambiente, la salud humana y las fuentes hídricas.

Si la iniciativa resultara aprobada, se impondrían penas de entre 60 y 84 meses de prisión, y multas de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incumplan la normativa.

Las condenas serían aplicables a las personas que procedan a la importación, tenencia, almacenamiento, transporte, comercialización y uso indebido de ese elemento químico.

Asimismo, se interpretará como un agravante el empleo de mercurio en zonas de protección ambiental, ecosistemas estratégicos o comunidades vulnerables.

De la sanción quedarían exentos aquellos que utilicen el metal con fines científicos, médicos o industriales debidamente autorizados.

También comunicó la ANM que la implementación del proyecto de ley permitirá enfocar acciones concretas en territorios con presencia de mercurio como Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Chocó, Caldas, Risaralda, Huila, Cauca y Nariño, donde se busca proteger a las comunidades y los ecosistemas de los impactos generados por el químico.

El mercurio se puede acumular en humanos y generar problemas en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de los bebés mientras están en el útero, y también puede ocasionar daños genéticos y de reproducción en animales.

La principal causa de la contaminación hídrica por el uso de ese metal en la nación se deriva de la minería ilegal, principalmente de la extracción de oro de aluvión.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Colombia es el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo, y el tercer país que más contamina con este mineral en todo el planeta.

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