La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que así se acordó durante una reunión entre el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el fin de fortalecer la capacidad operativa en el terreno y acelerar los procesos de búsqueda en el sitio conocido como La Escombrera.

El órgano de justicia transicional dispondrá de personal adicional con 20 operarios de apoyo, 10 expertos y el acompañamiento técnico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, organización de reconocimiento internacional por su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas en contextos complejos.

La administración municipal anunció que destinará maquinaria amarilla para apoyar las labores de excavación, trascendió asimismo.

Como parte de las medidas integrales orientadas a la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad dictó órdenes para iniciar la formulación del proyecto de La Escombrera como lugar de memoria.

A esta medida cautelar fue vinculado el Ministerio de las Culturas, que deberá presentar, junto con la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Ejecutiva de la JEP, el diseño, el análisis de viabilidad y la implementación del proyecto.

La Escombrera, conocida con el sobrenombre de la fosa común más grande del país, es un sitio en el que los pobladores de la región alegan que yacen centenares de cuerpos desde principios de los años 2000.

Se presume que muchos de los desaparecidos están allí como consecuencia de la Operación Orión, que fue una intervención militar llevada a cabo en 2002 en la Comuna 13 de Medellín por parte del Gobierno de aquel entonces.

Hasta la fecha se encontraron en el lugar al menos cinco conjuntos de restos óseos pertenecientes a presuntas víctimas de desaparición forzada.

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