La operación revela una preocupante infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia.

Tal acción policial forma parte de una investigación abierta tras el asesinato a balazos del abogado Antônio Carlos de Almeida Castro, ocurrido en 2023 en la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso (centro-oeste).

A partir de ese crimen, los investigadores siguieron pistas que destaparon una estructura clandestina dedicada al espionaje, el seguimiento ilegal de personas y el homicidio por contrato.

Según un comunicado oficial, la PF descubrió «la existencia de una organización criminal responsable por la práctica de delitos como espionaje y homicidios bajo encargo».

Las autoridades señalaron que la red operaba con métodos propios de inteligencia militar, lo cual hace sospechar una conexión directa con sectores desleales de las Fuerzas Armadas o cuerpos policiales.

Durante la operación, denominada en latín Lex Talionis (ojo por ojo, diente por diente), se ejecutaron órdenes de detención preventiva, allanamientos y el decomiso de equipos de comunicación, computadoras y documentación que vincularía a los sospechosos con planes para eliminar a figuras clave del sistema judicial brasileño.

Aunque las autoridades no divulgaron oficialmente los nombres de los objetivos, fuentes cercanas al caso señalan que los blancos incluían magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), conocidos por su papel en la defensa del Estado democrático y por haber juzgado casos emblemáticos de corrupción y extremismo político.

La revelación generó una fuerte conmoción en el ámbito político y judicial.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, el Gobierno federal “no permitirá que el crimen organizado intimide al Estado de derecho”.

El caso revive tensiones en el país sobre el avance de grupos radicalizados que promueven el descrédito y la violencia contra jueces y fiscales, especialmente después de las elecciones de 2022 y el fallido intento de golpe el 8 de enero de 2023.

La implicación de militares y exagentes de seguridad en estructuras delictivas añade un componente de alta peligrosidad para la estabilidad democrática.

Analistas señalan que este episodio podría acelerar reformas en los protocolos de seguridad de magistrados, así como investigaciones sobre vínculos entre redes criminales y actores políticos.

La Fiscalía General manifestó que seguirá con atención la evolución del caso y no descarta nuevas detenciones.

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