El presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, informó este viernes que se está concluyendo el traslado de casi seis mil reos a diferentes centros penales del país centroamericano, un proceso iniciado hace 10 días.
Los traslados responden a una estrategia para recuperar el control del sistema carcelario y reubicar a miembros de pandillas y estructuras del narcotráfico en módulos de máxima seguridad.
“Estamos haciendo uso de los nuevos módulos de máxima seguridad, que están destinados exclusivamente para integrantes de maras, pandillas y organizaciones criminales. Esto es lo que siempre se tuvo que haber hecho”, declaró Muñoz a periodistas.
El proceso de reordenamiento carcelario incluyó el cierre progresivo de prisiones ubicadas en zonas urbanas, por considerarse que afectan no solo a la ciudadanía, sino también al resto de la población penitenciaria.
Muñoz subrayó que Honduras nunca logró una verdadera clasificación del sistema correccional y que los movimientos actuales responden a una reorganización basada en criterios legales y de seguridad.
“Aquí la razón no la tienen los privados de libertad, la tienen los 10 millones de hondureños que han sido perjudicados por sus acciones”, enfatizó.
Frente a las críticas de ciertas organizaciones defensoras de derechos humanos, el presidente de la comisión interventora fue tajante.
“Si a alguien no le parece, es problema de cada quien. La ley es clara: un privado de libertad debe ir al lugar que le corresponde según su peligrosidad. No estamos haciendo otra cosa que aplicar la ley”, precisó.
Las autoridades explicaron que el procedimiento se realiza con base en criterios técnicos, como la condición jurídica, el nivel de peligrosidad, la edad, el estado de salud, el arraigo familiar, entre otros factores contemplados en la normativa penitenciaria nacional e internacional.
“Este proceso es parte de una política penitenciaria más humana y segura, orientada a garantizar tanto el respeto a los derechos fundamentales como la correcta clasificación” de los reclusos, manifestó Muñoz.
El titular del INP recalcó que con esta reestructuración se busca evitar que las cárceles sigan siendo zonas de guerra entre pandillas y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema promotor de una verdadera reinserción social.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, brindan resguardo y acompañamiento a lo largo del proceso.
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