De acuerdo con la nota del Servicio Nacional de Migración (SNM), unos cinco ciudadanos fueron expulsadas tras comprobarse antecedentes penales asociados al tráfico ilícito de personas, posesión de drogas y delitos contra la seguridad colectiva.
Los otros 38 fueron deportados por su estatus migratorio ilegal, precisó la institución.
Hasta la fecha, según datos oficiales, poco más de dos mil migrantes ilegales han sido deportados bajo este programa.
El Gobierno estima que esta medida ha contribuido entre otras a la reducción del 99,7 por ciento de los flujos por la selva de Darién, en la frontera con Colombia, cuyo último centro receptor en Lajas Blancas fue cerrado en abril de este año de manera definitiva.
El pasado 1 de julio, justo cuando asumió su mandato el presidente panameño, José Raúl Mulino, se firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento que contempla la repatriación vía aérea y con base a las leyes locales de migrantes irregulares que hayan llegado al país centroamericano.
La financiación por parte de Washington cubre el costo de pasaje de los deportados, escoltas, traductores y otros gastos.
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