“Hemos presentado (…) una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores”, aseguró a la salida de la Fiscalía de La Paz.

Los delitos por los que se les acusa son terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, del transporte y la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado y obstrucción de procesos electorales.

Según la acusación, Morales y Rodríguez son identificados como los que ordenaron cercos y bloqueos de caminos para forzar la habilitación de la candidatura del exmandatario, pese a carecer de un partido debido a resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y haberse cerrado la inscripción el 19 de mayo último.

De acuerdo con Siles, existe una gran afectación a la ciudadanía desde el pasado lunes, cuando empezaron las protestas centradas en el departamento de Cochabamba y en zonas de La Paz, Sucre y Potosí.

“Se está atentando contra la libertad de locomoción de las personas -advirtió el ministro-, contra el paso de cisternas que traen combustible y de ambulancias, ya hay personas fallecidas, heridas, policías agredidos (…)».

El jefe de cartera pidió de manera reiterada al Ministerio Público que actúe con celeridad, admita la denuncia, asigne una comisión de fiscales e inicie las investigaciones.

Deseó que la fiscalía convoque a Rudy Capquique, quien la víspera en el canal privado DTV se autodenominó afín a Morales hasta hace poco y presentó una presunta grabación del exmandatario.

Según ese audio, Morales habló a este personaje de cercar La Paz y de llevar a cabo una “batalla final”, al instarlo a planificar las protestas.

“Es un testigo importante. Hemos pedido que haga llegar el celular para poder hacer las pericias correspondientes”, concluyó Siles al solidarizarse con Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez y Melania Torrico, quienes según la grabación fueron amenazados de muerte.

Del lado contrario, la diputada del Movimiento al Socialismo, afín a Morales Gladys Quispe, calificó de falso y fraguado el audio.

En declaraciones al canal Abya Yala opinó que es otra maniobra del Gobierno para atacar a Morales y lavar su imagen.

Denunció, asimismo, que Capquique se vendió porque tiene cuentas pendientes con la justicia por avasallar propiedades como loteador en la ciudad de El Alto.

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