Marcha popular en Panamá demanda derogación de ley del seguro

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Ciudad de Panamá, 6 jun (Prensa Latina) Una nueva marcha popular exigirá hoy en Panamá la derogación de la Ley 462 sobre reformas a la Caja de Seguro Social que el Gobierno se resiste a revisar.

De acuerdo con la convocatoria de la alianza Pueblo Unido por la Vida, la protesta llegará hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional(parlamento) para presentar reclamos de varios sectores que consideran la norma perjudicial para los trabajadores y sus familias. También repudian un memorando de entendimiento suscrito por el Ejecutivo y Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y la intención de reabrir una mina de cobre en Donoso (Colón) pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023, que ordenó el cierre de sus operaciones.

El istmo vive más de un mes de manifestaciones contra la norma, con enfrentamientos violentos como los de la comunidad indígena de Arimae (Darién), con saldo de decenas de heridos.

También se mantienen cerradas las vías de acceso a la noroccidental provincia de Bocas del Toro, donde el sector bananero encabeza las protestas.

Los manifestantes han denunciado además la detención de dirigentes sindicales y autoridades originarias, como resultado de amañados procesos judiciales.

La víspera, un tribunal de apelaciones cambió la medida cautelar a Genaro López, líder histórico de los obreros de la construcción, recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya, a detención domiciliaria, imposición de brazalete e impedimento de salida del país.

Para ese colectivo la nueva medida demuestra que se comienza a desmontar la falsa imputación de cargos por blanqueo de capitales, delito del que también acusan al actual secretario general del gremio, Saúl Méndez, ahora refugiado en la embajada de Bolivia que ofreció protección temporal, por amenazas a su vida.

En un mensaje desde la prisión, López recordó que «producto de este accionar dictatorial del Gobierno, Panamá aparece en el listado de los 24 países con mayor violación del sistema de derechos sindicales de la Organización Internacional del Trabajo».

Académicos, diputados y la Iglesia han solicitado al presidente de la República, José Raúl Mulino, a que abra un espacio para el diálogo como solución a la crisis, vía descartada por el mandatario.

mem/ga

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