La detención del dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, no será la única dentro de las investigaciones por los 53 días de bloqueos, aseguró el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Según la autoridad, las pesquisas alcanzarán a todos quienes, en opinión de las autoridades, tuvieron responsabilidad en esas movilizaciones, incluido el expresidente Evo Morales.

Oviedo formuló esas amenazas 24 horas después del arresto de Salazar en la ciudad de El Alto.

El líder campesino es investigado por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, y atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

“Vamos a seguir investigando y dando con los culpables de estos delitos, incluyendo al señor (Evo) Morales. Todos los que tienen que rendir cuentas a la Justicia tendrán que hacerlo, sin excepción alguna”, sostuvo Oviedo en entrevista concedida a Radio Panamericana.

De acuerdo con el ministro, Morales convocó públicamente al cerco de la sede de gobierno y sostuvo que esas declaraciones forman parte de los elementos que analizan las autoridades dentro de la pesquisa.

Estas declaraciones acontecieron ante la reacción de la Federación Túpac Katari, declarada en estado de emergencia en las 20 provincias del departamento de La Paz tras la aprehensión de su principal dirigente. Dicha organización rechazó el proceso penal contra Salazar, calificó su arresto como una persecución contra sus dirigentes y exigió la liberación inmediata del líder campesino.

La federación Túpac Katari responsabilizó al Gobierno por cualquier afectación a la integridad física o jurídica de Salazar mientras permanezca bajo custodia policial.

La organización campesina insiste en que Salazar solo cumplió el mandato de las bases al representar sus demandas, y rechaza los presuntos delitos que se le atribuyen.

El primer punto de un acuerdo pacificador rubricado el 19 de junio último por el presidente, Rodrigo Paz, y el titular de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, expresa que “el Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.

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