En ese cónclave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas condenó la escalada del acoso gubernamental a líderes de ese colectivo como parte de la represión a manifestaciones de protesta contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Según el informe, Marta Pujadas, presidenta del Comité Internacional de Mujeres de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), subrayó las consecuencias de largo alcance de la crisis.
«Lo que está pasando en Panamá, con acoso legal a líderes sindicales y violencia política, envía un mensaje mucho más allá de sus fronteras», remarcó.
En ese sentido, indicó que de cómo se reaccione será una prueba de la determinación colectiva y la acción inmediata de los sindicatos en más de 40 países para mostrar el poder de la solidaridad global.
A pesar de las claras directivas emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT (Informe No. 409, marzo de 2025) –que pedían mantener la libertad de asociación, proteger a los sindicalistas y garantizar el acceso a los fondos sindicales– estas recomendaciones cruciales parecen haber sido ampliamente ignoradas, subrayó.
Entre las quejas concretas presentadas por los sindicatos panameños a la OIT se encuentra el cierre de cuentas bancarias y cuentas personales del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Además, señalan la socavación del derecho de huelga; una campaña institucional de mensajes estigmatizantes y discriminatorios de la Presidencia de la República y del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral; así como la judicialización de líderes sindicales durante las protestas.
Como resultado de estas acciones, desde el pasado 2 de junio Panamá se encuentra una vez más en la lista de 24 países que violan los derechos laborales y está siendo citado por grave incumplimiento de sus obligaciones, según lo establecido en los convenios suscritos con la OIT.
Pujadas también recordó los recientes allanamientos con fuerzas de la Policía en las oficinas del sindicato, órdenes de arresto para toda su dirección; mientras Saúl Méndez, vicepresidente de ICM y secretario general de Suntracs, se ha visto obligado a buscar asilo político en la embajada de Bolivia en Panamá.
También Jaime Caballero ha sido arrestado en una prisión de alta seguridad, Erasmo Cerrud está siendo perseguido activamente por las autoridades y además el líder histórico del gremio, Genaro López, es sometido también a un proceso judicial amañado, de acuerdo con denuncias.
Esta alarmante situación representa un flagrante atentado al derecho de sindicación y una amenaza directa a las libertades sindicales, no sólo en Panamá sino en todo el mundo, apuntó la OIT en una declaración.
Los sindicatos globales en todo el mundo siguen movilizados mostrando su apoyo inquebrantable a Suntracs, agrega el documento.
Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para exigir se derogue la nueva norma sobre las pensiones, con el respaldo de constructores, campesinos, indígenas, universitarios y mujeres.
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