La primera sala del STF concluyó este martes los interrogatorios de los acusados del llamado núcleo crucial de la acción penal por intento de golpe de Estado.

Según el portal R7, una siguiente etapa es el juicio que definirá si serán penados o redimidos los implicados en el supuesto complot, el cual debería tener lugar entre septiembre y octubre.

Hasta entonces, las defensas de los acusados y la Fiscalía General aún pueden solicitar diligencias o la recolección de nuevas pruebas. Además, ambas partes deberán presentar los alegatos finales del caso al ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.

El Supremo interrogó a ocho acusados esta semana y casi todos están imputados de delitos como organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y tentativa de golpe de Estado.

También por daños calificados como violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio histórico.

La única excepción es el diputado Alexandre Ramagem, inculpado de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, conato golpista y organización criminal armada.

Por decisión del STF, la acción penal contra el parlamentario y exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, en relación con las otras dos infracciones, solo se analizará al final de su mandato.

Durante el interrogatorio realizado por el ponente, Bolsonaro negó haber orquestado una conspiración golpista y afirmó que nunca discutió el tema con los comandantes militares y que solo buscó alternativas dentro de la Constitución.

Admitió, sin embargo, que examinó opciones constitucionales para «lograr el objetivo que no se logró en el TSE (Tribunal Superior Electoral», pues fue derrotado en urnas por el presidente Luiz inácio Lula da Silva.

Reconoció, asimismo, que recibió las llamadas actas del golpe, pero descartó cualquier acción en la segunda reunión que mantuvo con los uniformados.

El exmandatario justificó las críticas a las máquinas de votación electrónica como parte de un debate público y legítimo.

Por su parte, el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, declaró que su exjefe leyó y editó el borrador que preveía la anulación de las elecciones y la detención de las autoridades, eliminando algunos nombres, pero manteniendo el de De Moraes.

La denominada minuta de golpe proponía nuevas justas comiciales organizadas por una comisión designada.

El caso sigue siendo uno de los más complejos y sensibles en la historia judicial reciente del gigante sudamericano.

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