Así lo consigna una declaración del PCU sobre la ratificación de la condena a seis años de prisión de Fernández y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dictada por la Suprema Corte de Justicia.

“Expresamos nuestro rechazo a la utilización de la Justicia como arma política y nuestra preocupación por la degradación democrática que vive nuestro país hermano como resultado del accionar del gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei y las clases dominantes argentinas”, subraya el texto.

Afirma que las denuncias evidencian que “el proceso contra la expresidenta argentina estuvo viciado de nulidad y obedeció a una clara y explícita intención política de proscribirla”.

Estamos ante un nuevo caso de lawfare judicial, que tiene varios y graves antecedentes en nuestro continente, enfatiza el pronunciamiento.

El PCU manifestó su solidaridad con los sectores políticos y populares argentinos movilizados en defensa de la democracia, concluye la declaración.

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