En una conferencia de prensa, la coordinadora de más de 70 organizaciones humanitarias rechazó la aprobación en primera instancia del citado proyecto por el Parlamento de mayoría conservadora.
De aprobarse la ley en una segunda votación ratificatoria, quedarían impunes militares, policías e integrantes de grupos de civiles armados por los uniformados, procesados o acusados por crímenes de lesa humanidad durante el llamado conflicto interno contra los grupos armados (1980-2000).
La amnistía abarcaría 156 casos sobre los cuales el Poder Judicial ha dictado ya sentencia firme y 600 procesos en marcha, lo cual, según los activistas humanitarios, sería “un retroceso sin precedentes en los avances en materia de justicia en Perú”.
La lista incluye casos considerados emblemáticos que quedarían informes, como el del juicio contra 33 oficiales de la Marina imputados por la matanza de la isla presidio El Frontón, frente a las costas de la capital peruana.
Allí fueron ejecutados en 1986 por infantes de marina más de un centenar de alzados presos amotinados, en su mayoría cuando estaban rendidos, bajo el primer gobierno de Alan García.
También quedarían impunes, denunciaron, la matanza de Cayara, comunidad andina en la que elementos del Ejército mataron a mansalva a 33 civiles y otros siete fueron desaparecidos, entre 1988 y 1989, también cuando gobernaba García.
Igualmente, siguen impunes las matanzas de 123 campesinos de la comunidad de Putis, en 1985, y Cayara, donde las tropas ultimaron a 69 labriegos, en 1985, así como un gran número de sospechosos de integrar el grupo armado Sendero Luminoso, torturados y cremados en el cuartel Los Cabitos, también en Ayavucho.
La lista incluye las violaciones sexuales sistemáticas en Manta y Vilca, donde campesinas fueron violentadas sexualmente por miembros del Ejército entre 1984 y 1993.
Para las organizaciones peruanas de derechos humanos la ley proyectada pretende impunidad contraria al derecho internacional, que prohíbe otorgar amnistía a crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
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