“Dale, meteme presa; ¿la gente va a empezar a ganar más plata? ¿Van a pagar los intereses de deuda? ¿Van a hacer obras públicas?”, cuestionó Cristina en uno de sus discursos. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor”, apostilló.

Tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los únicos miembros de la Corte Suprema, decidieron el destino de quien fue presidenta durante dos mandatos, vicemandataria y titular del PJ, y con su decisión mandaron a prisión por primera vez en la historia argentina a una figura que ocupó la presidencia y cambiaron la vida política del país.

La juzgaron por presunta administración fraudulenta en un proceso lleno de irregularidades y sin evidencia de actuación delictiva cuyas audiencias comenzaron en 2016, y solo ahora luego de que anunció su candidatura a diputada provincial hace unos días, apuraron el dictamen.

El veredicto desató multitudinarias protestas, vigilias, manifestaciones, marchas, acampes, tomas de facultades y colegios, bloqueos de carreteras, y hasta preocupación en el seno del gobierno de Javier Milei que nota cómo se complejiza el orden público y se disipa la imagen de armonía social que necesita proyectar al mundo.

“Que no se forme un show”, pidió el jefe de Gabinete Guillermo Francos cuando la ahora condenada exmandataria acuda el miércoles 18 al Palacio de Tribunales para ser detenida y encarcelada.

Las autoridades judiciales pueden concederle la prisión domiciliaria; en el predio peronista estiman que se la concederían –ya su vivienda fue aprobada para ello por los técnicos judiciales- pues lo que desean sus enemigos políticos es humillarla, presentarla esposada, vestida de presa tras las rejas y difundir esa imagen, coinciden algunos.

Lo más relevante es que sonó un campanazo en las filas de un fraccionado justicialismo que se percató de lo imperante de unir fuerzas y enfrentar los desafíos electorales que se avecinan, como los comicios legislativos en la importante Provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, y las elecciones nacionales para el Congreso de la Nación el 26 de octubre.

También trazar una hoja de ruta para vencer a Milei y su La Libertad Avanza en las presidenciales de 2027, y más perentoriamente avivar una ofensiva pública y multiplicar un abanico de actividades por la libertad de su líder histórica.

De hecho, Gregorio Dalbón, uno de sus abogados ya lanzó en España la campaña #CristinaLibre; acudió a la Corte Penal Internacional donde hizo una presentación del caso, y hará lo mismo en otros organismos incluido el Consejo Mundial de Derechos Humanos.

Mientras, la derecha oligarca a través de sus medios hegemónicos celebró, hasta con payasadas, el dictamen, aunque el presidente Javier Milei a quien no le conviene que se haya despertado el peronismo evitó su acostumbrada y desfachatada efusividad, y fue parco en su primer mensaje tras conocerse la noticia: “Justicia; fin”, escribió en X.

La intersección de Avenida Humberto 1º y calle San José, en el barrio porteño de Constitución donde vive Cristina se convirtió en el epicentro de la resistencia peronista. Desde el dictamen no ha cesado una vigilia de autoconvocados quienes vienen de disímiles lugares y miembros de las más diversas organizaciones a expresarle su respaldo, y ella sonriente y sale al balcón a saludarlos y agradecerles.

Desde el viernes las redes están inundadas con la convocatoria «Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella», exhortando a la gente a sumarse a una movilización que la acompañará a los Tribunales de Comodoro Py.

La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a un paro el próximo miércoles y urgió a acompañar a Cristina el próximo miércoles.

Otros sindicatos se le sumarán. También, desde distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales llaman a una masiva movilización hacia las cortes de Comodoro Py. Será otra semana intensa en la vida social y política de Argentina.

arcmh