La primera decisión es activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal durante los próximos tres años, que consiste en el desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas, y le permita al Gobierno un mayor margen de endeudamiento.

Otra se refiere a la aspiración del Gobierno de recaudar aproximadamente siete billones de pesos (mil 697 billones de dólares al cambio actual) con el llamado anticipo de la retención en la fuente, un mecanismo por medio del cual la nación y los municipios como sujetos activos aseguran parte de la obligación tributaria del contribuyente de manera anticipada.

También se planteó el aumento (sin definir aún el monto) del precio del diésel para homologarlo con los precios internacionales, excepto para el transporte de carga que tendrá un tratamiento diferencial.

Dentro de las medidas expuestas está asimismo la aplicación de nuevos mecanismos para los subsidios de energía y gas no por estratos socioeconómicos como ahora, sino mediante el nivel dispuesto por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

Se espera, por otra parte, implementar una reforma tributaria que busca recaudar 19 billones de pesos (unos cuatro mil 608 millones de dólares) y que será presentada al Congreso en la próxima legislatura, a iniciarse el venidero 20 de julio.

El Ministerio de Hacienda difundió además que se buscará impulsar el programa Colombia Solar para la generación de energía fotovoltaica.

Por otra parte, se analiza la posibilidad de revaluar las vigencias futuras (instrumento presupuestal que permite a las entidades públicas adquirir compromisos financieros que afectan presupuestos de años futuros) para obras que no tienen licencia ambiental y, por tanto, no se están ejecutando.

De acuerdo con la cartera ministerial, para el cierre de 2025 el Gobierno proyecta un crecimiento económico del 2,7 por ciento; en tanto espera que la inflación llegue al 4,8 por ciento este año, y sea de tres puntos porcentuales para 2026.

jcm/ifs