Los implicados aceptaron en juicio abreviado responsabilidad por el uso indebido de los recursos del Fosvoc, lo cual fue denunciado por el sindicato nacional de la construcción, Sunca.
El PCU condenó de forma categórica en un comunicado “la utilización de recursos de los trabajadores de la construcción para fines espurios y beneficio personal”.
Además lo calificó como grave afrenta a los principios del movimiento obrero y a la ética que ha guiado históricamente al PCU.
Frente a versiones que intentan vincular al PCU con los condenados, el comunicado fue enfático en negarlo.
“Nuestro partido niega de forma contundente haber recibido dinero alguno del FOSVOC”.
Además, el PCU expresó un fuerte respaldo a sus militantes aludidos por los involucrados en la causa.
En particular, se refirieron a la secretaria de Finanzas de Sunca, Laura Alberti y al Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio.
El partido subrayó que ambos parlamentarios comparecieron voluntariamente ante la Fiscalía, manifestando plena disposición para declarar como testigos en la investigación.
Finalmente, el Comité Ejecutivo del PCU subrayó su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y exigió que los responsables sean juzgados “con todo el peso de la ley”.
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