En respuesta, el presidente Luis Abinader emitió la noche del jueves el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso y establece un mecanismo para investigar, retener y bloquear esos productos a través de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Trabajo.

La disposición estadounidense, que comenzó a regir a las 12:01 de la madrugada de este viernes, forma parte de una política comercial dirigida a países que, según Washington, no cuentan con mecanismos suficientemente eficaces para evitar el ingreso de esos bienes.

El nuevo decreto otorga a la Dirección General de Aduanas (DGA) la facultad de investigar, retener preventivamente y prohibir la adquisición de mercancías sobre las que existan indicios de haber sido producidas bajo trabajo forzoso. El Ministerio de Trabajo actuará como órgano técnico encargado de evaluar los casos.

Asimismo, la normativa obliga a los importadores a suministrar información sobre sus cadenas de suministro, crea un registro de mercancías cuya importación haya sido prohibida y establece procedimientos administrativos que garantizan el derecho de defensa de las empresas afectadas.

En sus considerandos, el decreto hace referencia a los compromisos asumidos por la República Dominicana en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta), así como a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de fortalecer la integridad de las cadenas de suministro y preservar la credibilidad comercial del país. Aunque el decreto no evitará la aplicación inmediata del arancel, representa una señal de alineamiento con los estándares exigidos por Estados Unidos y podría contribuir a futuras revisiones de la medida. La Asociación de Industrias de la República Dominicana consideró que el país debe responder a las nuevas medidas comerciales con una estrategia nacional orientada a fortalecer la competitividad y la confianza de sus principales socios.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Mario Pujols, afirmó que la competitividad internacional ya no depende únicamente de la calidad o el precio de los productos, sino también de la fortaleza institucional, la trazabilidad de las cadenas de suministro y el cumplimiento de las normas internacionales.

En ese sentido, respaldó las acciones encaminadas a modernizar el marco regulatorio del comercio exterior.

Mientras tanto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, aseguró que las negociaciones con las autoridades estadounidenses continúan y confió en que el gravamen aplicado a las exportaciones dominicanas pueda ser revisado.

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