Mediante una alerta en sus redes sociales, la fiscalía informó que “ejecutan orden de aprehensión contra exministro Siles”.

El abogado defensor del defenestrado titular, Franklin Gutiérrez, por su parte, confirmó que dos policías ejecutaron la orden de detención, y que la exautoridad se encuentra a la espera de la comisión de fiscales para brindar su declaración informativa.

Se trata de “una formalidad que está en el procedimiento penal para que se cumplan las 24 horas que tiene la fiscalía para tomar una decisión”, declaró el letrado constitucionalista en declaraciones a la prensa.

Indicó que Siles está dispuesto a declarar todo lo que pregunten, y que previamente se realizará una revisión minuciosa del cuaderno de investigaciones y de las pruebas materiales que pesan en su contra.

Según la orden de aprehensión dada a conocer la víspera por el fiscal general Róger Mariaca, el exministro es investigado por delitos de tráfico de influencias y consorcio.

El viernes último, el ahora detenido renunció a sus funciones y argumentó que era víctima de rumores que tenían como objetivo mancillar su trayectoria profesional.

Sin embargo, la información que ha trascendido sobre el denominado caso Consorcio, indica que con este complot que involucra a un grupo de operadores de justicia, se pretendía destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, electa el 15 de diciembre último con más del 60 por ciento del voto popular.

De esa forma, se buscaba habilitar en su lugar a su suplente, Iván Campero, con el propósito de controlar el Órgano Judicial.

Tras ser consultado la víspera a su regreso de un viaje a Perú acerca de la situación judicial del investigado Siles, Mariaca confirmó la orden de aprehensión.

Siles cayó en desgracia cuando fue filtrado un audio en el cual presuntamente se le escucha coordinar por vía telefónica con el juez del municipio paceño de Coroico Fernando Lea Plaza un fallo contra Coaquira y a favor de su suplente, Iván Campero.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta acción contó con la participación de otras autoridades judiciales como la vocal Claudia Castro y el ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) Yván Córdova.

La onda expansiva movilizó a la Unidad de Transparencia del TSJ, que denunció se trató de una operación “estructurada” desde un consorcio judicial con respaldo político.

Eso derivó en la intervención directa del TSJ y la solicitud de investigación penal.

Como resultado, ya fueron aprehendidos Siles, Castro; Campero, Lea Plaza y el abogado José Ramiro Uriarte, mientras que Córdova renunció a su cargo tras haber sido internado en un centro médico.

El expediente fue declarado en reserva por 10 días, y el Ministerio Público anticipó que continuará con la toma de declaraciones a otras autoridades mencionadas en los audios.

Por otra parte, en un pronunciamiento leído por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, la sala plena ampliada del Órgano Judicial anunció la creación del Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial, que vigilará permanentemente cualquier intento de injerencia, interna o externa contra este órgano del Estado.

La decisión fue asumida con la participación de los magistrados del Tribunal Agroambiental y los consejeros de la Magistratura, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial, y demandaron un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que estuvo ausente.

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