“El pueblo quiere justicia, que se conozca la responsabilidad de estas personas y se aplique la ley independientemente de que sean políticos o no políticos, poderosos o no poderosos, por igual a todos”, aseguró la autoridad.

Un presunto caso de consorcio declarado “en reserva” centra este jueves las pesquisas del Ministerio Público sobre el exministro de Justicia, César Siles, y varias autoridades del órgano judicial.

De acuerdo con una grabación publicada con la voz de Siles, el objetivo de ese complot era la destitución de manera irregular de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por La Paz, Fanny Coaquira, electa el 15 de diciembre último con más del 60 por ciento del voto popular. El propósito era colocar en su lugar a su suplente Iván Campero, para tomar el control del TSJ.

De acuerdo con lo publicado hasta este jueves, la presunta conspiración implica, entre otros, a Siles, el juez del municipio de Coroico, vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y abogados.

Por el momento, ya fueron aprehendidos el juez Marcelo Lea Plaza, la exvocal del TDJ, Claudia Castro, y el magistrado suplente del TSJ Campero.

El presidente del TDJ, Iván Córdova, renunció al cargo, luego que la Fiscalía lo incluyó en la investigación.

Ante este contexto, Callisaya reiteró la necesidad de que el país cuente con jueces imparciales, independientes y sin “interferencia política dentro su actividad judicial”.

Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Informe Cohesión Social, la Relatora para la Independencia de Justicia, y otras autoridades internacionales, más recientemente, “han mencionado la necesidad de contar con jueces imparciales, con independencia y sin interferencia política dentro de la actividad judicial”, concluyó el Defensor del Pueblo.

En un pronunciamiento leído este martes por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, la sala plena ampliada del Órgano Judicial anunció la creación del Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial, una instancia que se mantendrá en alerta permanente frente a cualquier intento de injerencia, ya sea interna o externa, que busque afectar la autonomía de este órgano del Estado.

La decisión fue asumida con la participación de los magistrados del Tribunal Agroambiental y los consejeros de la Magistratura, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial ante recientes denuncias de presiones y actos irregulares.

Al propio tiempo, demandaron un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que estuvo ausente.

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