La normativa establece nuevas normas escalonadas, que varían según la zona marítima del país y las especies autorizadas, tanto para el sector artesanal como para la gran industria, con el objetivo de hacer más equitativa esta actividad económica.

Así, por ejemplo, en la anchoveta y la sardina en el norte del país el 55 por ciento de la cuota será para los artesanos y el 45 irá a las empresas, proporción que se invierte con la merluza común en el centro y el sur.

Respecto al jurel, la gran industria tendrá derecho a la captura del 85 por ciento y la diferencia será para las cooperativas y pequeños pescadores.

Sin embargo estos últimos tienen entre 80 y 90 puntos porcentuales de la jibia y la reineta, especies muy valoradas en el mercado local.

También se establecen reglas más estrictas en el sistema de control de desembarques, incorporando certificaciones obligatorias, normas de trazabilidad del producto y el uso de herramientas digitales para monitorear el cumplimiento.

La Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío aseguró que se logró un reconocimiento histórico a quienes desarrollan esta actividad de manera sostenible y se contará con una ley más justa y sustentable.

Si bien algunas cuotas no cumplieron todas las expectativas, si hay una notable mejoría respecto a la anterior legislación, señalaron.

Por el contrario, la gran industria pesquera anunció la presentación de recursos legales, dentro y fuera del país, por lo que considera una “expropiación indirecta y la afectación a derechos adquiridos”.

Ricardo García, gerente de Camanchaca, una de las firmas más grandes de esa rama, consideró inaceptable cambiar lo que estableció una ley aprobada hace más de 12 años y prevé exigir una indemnización por supuestas pérdidas patrimoniales.

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