El subdirector nacional de ese ente, Jorge Domínguez, pidió a la población del noroccidental territorio fronterizo con Costa Rica mantenerse en sus hogares y alertó que quienes sean vistos en manifestaciones o participando en actos vandálicos serán detenidos.

Aunque el mensaje oficial habla de un control paulatino, las medidas aplicadas reflejan un endurecimiento del toque de queda a partir de las 22:00 hora local y la presencia reforzada de más de dos mil agentes de la fuerza pública.

Uno de los puntos más delicados es el aeropuerto provincial, declarado zona restringida, ya que alberga a efectivos de las fuerzas especiales destinadas a los operativos en tierra.

Según el viceministro de Seguridad , Luis Felipe Icaza, hasta el pasado sábado se ha confirmado la aprehensión de 145 personas dentro de la Operación Omega, de ellas 84 vinculadas a unas tres pandillas. El resto de los detenidos incluye manifestantes, personas sorprendidas durante el toque de queda y ciudadanos que no acataron las instrucciones de las autoridades, según el informe preliminar.

Agregó el funcionario que la presencia de estos grupos ha complicado los operativos, ya que las bandas, que operan en varias zonas urbanas y rurales de la provincia, aprovecharon el desorden para saquear comercios y entidades públicas, entre ellas la empresa Chiquita Panamá.

Precisó Icaza que estos grupos han vandalizado el aeropuerto Manuel Niño de Changuinola, el estadio Calvin Byron, la potabilizadora de El Silencio, 10 comercios y seis infraestructuras públicas, así como tres zonas industriales, se quemaron 31 vehículos y hurtaron 10 más.

También aclaró que las unidades de la Dirección de Investigación Judicial que fueron captadas por el diario La Estrella de Panamá utilizando armas de fuego en Changuinola no forman parte de la estrategia.

La medida más criticada ha sido la suspensión la víspera de los servicios de internet y telefonía móvil para clientes residenciales, lo que motivó que pese al toque de queda vigente, tuvieran lugar choques entre manifestantes y miembros de la fuerza pública.

Uno de los puntos de conflicto se dio en el cuartel de la Policía en la ciudad, que amaneció rodeado de miles de piedras y en el que había varios autos quemados.

Hasta bien entrada esta madrugada, trascendió, se podía escuchar el estallido de las bombas lacrimógenas y de pirotécnica de algunos manifestantes, que rechazan la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), pues consideran que esta privatiza los servicios de salud y ofrece pensiones de miseria y hambre, postura rechazada por el Ejecutivo que se opone al dialogo y a revisar esa norma.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera se deslindó esta semana de los actos vandálicos, lo mismo los grupos docentes que se encuentran en huelga desde el pasado 23 de abril.

Los colectivos denuncian que los grupos vandálicos son utilizados por el mismo Gobierno para judicializar a personas que participan de las protestas y no en los desmanes ocurridos en los últimos días.

Hasta el momento se reporta la muerte de joven en la zona de Rambala, en medio del contexto de las manifestaciones.

Mientras, la vía del diálogo sigue siendo una opción casi imposible, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmara en su más reciente conferencia de prensa semanal que no revisará ni derogará la ley.

Por su parte, los gremios docentes confirmaron que mantendrán una huelga indefinida en rechazo a la Ley 462, iniciada hace casi dos meses.

De acuerdo con un comunicado del Frente de Acción Magisterial (FAM), este lunes -comienzo del segundo trimestre- no acudirán a las aulas y señalaron que cualquier llamado al respecto del Ministerio de Educación se trata de una provocación y negación de la realidad que vive el país.

El coordinador del FAM, Alberto Díaz, precisó que no existen condiciones morales, éticas, ni humanas para volver a los planteles públicos en un momento donde el Estado, en lugar de escuchar al pueblo, responde con represión brutal, arrestos arbitrarios, criminalización de la protesta y amenazas a miles de trabajadores de ese sector.

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