Desde el pasado viernes, el territorio fronterizo con Costa Rica permanece en estado de urgencia decretado por el Gobierno que entraña restricciones a garantías constitucionales como la suspensión de los servicios de internet y telefonía móvil, lo que ha destapado severas críticas en la sociedad y organismos internacionales.

Autoridades como el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, vaticinan que podría extenderse esa medida como parte de la operación Omega -comenzó el 14 de junio- para desbloquear los bloqueos de carreteras y además enfrentar a grupos delincuenciales que vandalizan instituciones públicas y son ajenos a las manifestaciones contra una norma de pensiones que ya dura más de dos meses.

También señalaron que establecieron una base operativa en el Aeropuerto Internacional de Changuinola “Capitán Manuel Niño”, para fuerzas especiales destinadas a mantener el control de esta zona estratégica, más notoria por el turismo y la producción y exportación de plátano.

Changuinola fue el área donde más se intensificó la escalada de violencia en que degeneraron las manifestaciones, ya apaciguadas, de acuerdo con el informe dado por las autoridades sobre los resultados del noveno día de la operación policial.

Con esta operación el Ejecutivo desplegó dos mil 500 agentes de la fuerza pública, según trascendió.

Para varios analistas y organizaciones populares, Bocas del Toro es la expresión más crítica del conflicto en el istmo por la reforma a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, signada por una huelga indefinida de gremios docentes en el sector público desde el pasado 23 de abril, a la que se han sumado estudiantes, constructores y comunidades originarias, entre otros sectores.

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