El proceso entra en una fase clave, tras la realización este lunes de dos careos judiciales que revelaron contradicciones sobre la participación del exmandatario y sus aliados más cercanos en la confabulación golpista.

Durante una de las confrontaciones, el excomandante del Ejército, general Marco Antônio Freire Gomes, afirmó que un documento que proponía la instauración de un Estado de Sitio y el uso de la llamada Garantía de la Ley y del Orden (GLO) fue efectivamente mostrado a Bolsonaro durante su mandato.

Ese documento, según Freire Gomes, guardaba similitudes con el que fue encontrado en poder del exministro de Justicia Anderson Torres, actualmente procesado por el complot violento.

Ambos participaron de un enfrentamiento verbal para esclarecer responsabilidades en la planificación de medidas antidemocráticas, tras las justas comiciales de 2022.

El ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, dirigió las audiencias realizadas en el Supremo Tribunal Federal. También estuvieron presentes el magistrado Luiz Fux y el fiscal general Paulo Gonet.

La confrontación es un mecanismo procesal utilizado para cotejar versiones de personas implicadas en los mismos hechos. En este caso, permitió comparar lo dicho por Torres y Freire Gomes frente a frente. La ley no obliga a los acusados a decir la verdad, pero sí a las testigos.

Un primer cruce de palabras, que duró una hora y media, fue entre el teniente coronel Mauro Cid, exasesor de Bolsonaro y quien colabora con la justicia, y el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa. El segundo, entre Torres y Freire Gomes, se extendió por poco más de una hora.

Las sesiones fueron descritas por fuentes judiciales como tensas y reveladoras. Los abogados de los implicados también estuvieron presentes.

Se espera que este miércoles el STF continúe con nuevos interrogatorios y el análisis de otras pruebas clave, como grabaciones y mensajes electrónicos.

La intención de los magistrados es esclarecer si hubo una trama golpista articulada desde el núcleo duro del poder político y militar.

Tales careos forman parte de una estrategia del Supremo para acelerar el juicio y preparar las condiciones que permitan juzgar al propio Bolsonaro en esta causa.

El exgobernante ultraderechista (2019-2022) ya fue inhabilitado políticamente, pero podría enfrentar consecuencias penales si se comprueba su implicación directa.

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