La dependencia del Ministerio Público notificó la tarde de este jueves a Lima, dentro del expediente que busca esclarecer un plan para sustituir, mediante un fallo judicial, a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, electa con más del 60 por ciento del voto popular el 15 de diciembre último.
“La comisión de fiscales asignados al presente caso, ordenan citar a Iván Lima, testigo, para (que) comparezca ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (…) el viernes 27 de junio a horas 09: 00 a objeto de prestar su declaración informativa en calidad de testigo”, expresa la citación.
Advierte, asimismo, que, en caso de incomparecencia, se “expedirá” la orden de aprehensión.
El escándalo detonó a mediados del mes en curso tras la filtración de un audio que implica a exautoridades judiciales y al exministro de Justicia César Siles.
De acuerdo con la grabación, existió una presunta conversación del extitular con el juez del municipio paceño de Coroico, en la cual se alude al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
En el caso Consorcio son investigados Siles, el magistrado suplente del TSJ Iván Campero; el expresidente del TDJ Yván Córdova; la exvocal del TDJ de La Paz Claudia Castro; el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza; el abogado José Ramiro Uriarte y un funcionario del juzgado de Coroico.
Durante las pesquisas, la exvocal del TDJ, el juez de Coroico y el exministro de Justicia fueron enviados con detención preventiva a las cárceles de Obrajes, San Pedro y Patacamaya, por cuatro, seis y cinco meses, respectivamente.
En el contexto de la onda expansiva, el magistrado suplente del TSJ, el abogado; el expresidente del TDJ y el funcionario del Juzgado de Coroico fueron beneficiados con detención domiciliaria.
Según precisó el lunes último el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, hasta el momento se investiga a ocho personas, siete tienen medidas cautelares —tres con detención preventiva, cuatro con domiciliaría— y una ejecución de orden de aprehensión por parte de la Policía Boliviana.
Durante el tiempo en que se despeñó como ministro (2020-2024), Lima fue criticado por presuntamente manipular fallos con administradores de la justicia, e incluso diputados y senadores lo calificaron como el vocero de los miembros autoprorrogados inconstitucionalmente del Tribunal Constitucional Plurinacional desde el 31 de diciembre de 2023.
Renunció a la jefatura de la cartera de Justicia en septiembre de 2024, y desde entonces ha expresado críticas públicas al Gobierno del presidente Luis Arce.
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