De acuerdo con el documento, la represión a las recientes protestas sociales y la criminalización de la disidencia en el istmo evocan los peores episodios de su historia.

La misiva compara el momento actual con los gobiernos militares y exige observación internacional ante posibles violaciones de derechos humanos.

Los firmantes, artistas, académicos, activistas, trabajadores, sindicalistas y ciudadanos comunes exigen al mandatario que detenga lo que califican como una “deriva autoritaria”.

Entre los firmantes figuran reconocidos nombres como la cantante Yomira John, el músico Rómulo Castro, la ambientalista Raisa Banfield, y el exministro ecuatoriano y referente ecologista Alberto Acosta.

A ellos se suman madres de familia, estudiantes, docentes, chefs, operarios, abogados y trabajadores de más de 17 países, incluyendo Panamá, China, España, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Honduras y Colombia, entre otros.

“El presidente Mulino lidera un gobierno legítimo desde el punto de vista legal, pero con un apoyo mínimo; y ha respondido a una ola de protestas legítimas y democráticas de la forma más violenta y sistemática jamás registrada en la historia del país desde 1903”, indica ese texto que publica el diario La Estrella de Panamá.

El pronunciamiento condena con firmeza la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro —impuesta por el Ejecutivo en el marco de las recientes manifestaciones— así como la represión, militarización, judicialización de dirigentes sociales y la criminalización de la protesta ciudadana.

En su análisis, los firmantes advierten sobre el uso del aparato estatal y de los estamentos de seguridad para reprimir, en lugar de abrir vías democráticas de solución.

Además, aseguran que los discursos oficiales han estado cargados de odio, racismo y estigmatización, especialmente hacia provincias históricamente marginadas como Bocas del Toro y Darién.

Este tipo de postura, consideran, constituye un retroceso en términos de derechos humanos, participación ciudadana y Estado de Derecho, elementos fundamentales de cualquier democracia.

Frente a este escenario, la carta solicita la intervención de agencias internacionales de derechos humanos, para dar seguimiento a la situación que vive Panamá y garantizar la protección de las libertades fundamentales.

También lanzan una advertencia directa al mandatario panameño: si no rectifica su postura, corre el riesgo de unirse al grupo de líderes mundiales que, habiendo llegado al poder por vías democráticas, derivaron en gobiernos autoritarios.

Desde finales de mayo y durante junio, Panamá ha sido escenario de intensas protestas sociales, particularmente en Bocas del Toro, provincia golpeada por el desempleo, el abandono estatal y la reducción de actividades como la producción bananera.

La reacción del Gobierno incluyó la declaración el 20 de junio durante 10 días del estado de urgencia en Bocas del Toro, así como detenciones, allanamientos masivos y procesos judiciales contra más de 200 personas, incluyendo dirigentes comunitarios.

Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las condiciones de las detenciones y la falta de información transparente de las autoridades.

El Ejecutivo, por su parte, ha justificado sus acciones alegando la necesidad de restaurar el orden y frenar actos de vandalismo, pero los cuestionamientos persisten, incluso ante el más reciente toque de queda decretado de manera unilateral e inesperada por las autoridades de la localidad de Changuinola.

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