De acuerdo con la letrada Kristina Conti, la pesquisa aportaría pruebas adicionales de las operaciones de los escuadrones de la muerte implicados en asesinatos de activistas y otras muertes selectivas.

La Policía de Filipinas arrestó a Duterte el pasado 11 de marzo, en esta capital, en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), donde está acusado de crímenes de lesa humanidad relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas y cometidos cuando el país todavía era miembro de ese tribunal.

El político, de 79 años de edad, fue trasladado a la sede de la CPI, en La Haya, Países Bajos, donde permanece.

Conti es una de las representantes ante la CPI de los familiares de víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte y alegó, en declaraciones a la cadena filipina ABS-CBN, que las autoridades analizan en estos momentos varios sacos con restos humanos hallados en el lago en torno al volcán Taal, ubicación revelada por uno de los implicados.

A la vez, equipos de submarinistas pertenecientes a los guardacostas filipinos continúan buscando en el lugar, por lo que el proceso podría demorar meses.

La investigación de la CPI gira en torno a la mortífera guerra contra el narcotráfico desplegada por Duterte cuando era alcalde de Davao, ciudad de 1,7 millones de habitantes en la isla de Mindanao, en el sur de este archipiélago, considerada una de las urbes principales del país y bastión político de su familia.

Hace 10 meses, el exmandatario confesó haber dirigido un escuadrón de la muerte a fin de combatir la delincuencia y acabar con el crimen.

Para desplegar su guerra contra las drogas, dijo textualmente que hizo lo que tenía que hacer.

Duterte fue alcalde de Davao un total de 22 años en tres etapas: 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016, en ese último año se convirtió en presidente de la nación hasta 2022.

La referida urbe pasó de estar en la lista de las ciudades más peligrosas de Filipinas a ser una de las más seguras y el dirigente lo imputó a su política de tolerancia cero con la delincuencia.

Tal estrategia implicaba numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

“No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país”, declaró Duterte en una audiencia ante el Senado filipino, en octubre de 2024.

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