Este jueves la mencionada cartera de Estado emitió la nueva norma técnica para la supresión de puestos laborales, entre ellos, aquellos con duplicidad de funciones o sobrevalorados.

Para los sindicatos esto representa una amenaza directa a la estabilidad laboral del sector público y precariza las condiciones de trabajo.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) alertó sobre la existencia de una lista con cinco mil funcionarios que serían desvinculados bajo la figura de supresión de puestos, que consta en el reglamento de la Ley de Integridad Pública.

Este jueves el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, señaló en rueda de prensa que en los próximos días precisarán fecha de nuevas movilizaciones.

Según comentó, con la «mal llamada» e «inconstitucional» Ley de Integridad Pública, el Gobierno de Noboa busca cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que esta semana aprobó un aumento del crédito para Ecuador.

“Los recursos recientemente recibidos servirán para despedir trabajadores del sector público”, aseveró Bedoya.

El FUT y otras organizaciones presentaron ya ante la Corte Constitucional varias demandas contra la Ley, aprobada en junio pasado y que reforma cuerpos legales relacionados con la contratación pública, la gestión tributaria, el sector financiero y la administración estatal.

«Nos asombra el silencio de la Corte Constitucional y esperamos que no se convierta en cómplice de la conmoción social, porque sospechamos que se aproxima un deterioro de las condiciones de vida de la población», apuntó Bedoya, para quien podría existir «persecución» contra los dirigentes sindicales.

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